Todas las organizaciones del sector público deberían ser “transparentes por principio”. Uno de los elementos que mayor relevancia está tomando en la gestión de la Administración es la necesidad de aportar transparencia, y no sólo en la fase de elaboración de las políticas públicas, sino también en la fase de ejecución de las mismas. La mayor parte de los escándalos de corrupción de este gobierno han sido posibles debido a la falta de transparencia que impera en la administración de la Comunidad de Madrid. La transparencia no sólo es un derecho de la ciudadanía sino que es la garantía del buen gobierno. Hoy en día, tras la explosión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que favorecen la difusión, publicación e intercambio de información a través de Internet, no hay excusas para no implementar los mecanismos necesarios para un gobierno transparente. Los presupuestos son los instrumentos, más allá de los programas políticos y los comunicados públicos, en los que quedan realmente plasmadas las políticas de un gobierno; Por ello, la transparencia presupuestaria en la mejor fuente de información acerca de la verdadera acción de gobierno.
IU se compromete a facilitar al ciudadano el conocimiento que éste precise acerca de sus procedimientos administrativos.
IU se compromete a facilitar los mecanismos necesarios para publicitar de manera adecuada y universal toda la información relacionada con la contratación y las compras públicas.
IU se compromete a informar adecuadamente de las acciones de gobierno, planes y actuaciones, líneas de desarrollo, presupuestos planificados y ejecutados.
IU se compromete a que los ciudadanos estén especialmente informados de todas aquellas cuestiones que más les afectan directamente, tales como asuntos urbanísticos, presupuestos, servicios asistenciales, subvenciones, planes de inversión, así como a fomentar la participación en la toma de decisión.
IU se compromete a la claridad informativa, a la adecuación de la información de modo que sea inteligible y fácil de interpretar. Los ciudadanos tienen derecho a exigir información clara.
